La Junta de Andalucía, después de
años de promesas, cambios de fechas, compromisos y evasivas, ha reconocido
ahora que no invertirá ni un euro más en la rehabilitación de la iglesia de
Santiago. Lo ha hecho respondiendo a una iniciativa parlamentaria que el
Partido Popular presentó para preguntar por el futuro del templo, a través del
diputado Antonio Sanz. En concreto, en el documento, al que ha tenido acceso este
medio, la Administración andaluza detalla la inversión que ha realizado pero
admite que no es su competencia continuar con el proyecto y que es el Obispado
quien debe hacerse cargo del mismo, como propietario del inmueble.
"Desde el año 2003, fecha en
la que Cultura tomó conciencia de los problemas estructurales que afectaban al
edificio, se han realizado por parte de esta Consejería una serie de
actuaciones encaminadas a lograr su rehabilitación -explican desde la Junta-.
En concreto, se llevaron a cabo obras menores de consolidación puntual,
diagnósticos, y se encargó un estudio de reconocimiento, análisis y cálculo de
los elementos estructurales de la iglesia de Santiago. El estudio concluía con
una exposición de los importantes problemas estructurales del inmueble y fijaba
un gradiente de riesgo o zonificación de elementos y áreas potencialmente
ruinosas. Por último, el informe establecía un orden de prioridad y urgencia a
la hora de acometer el apeo y refuerzo de sus elementos".
Igualmente, en la respuesta a la
iniciativa parlamentaria se detalla que "a la vista de los análisis y
estudios realizados, se puso de manifiesto el evidente riesgo de hundimiento
que presentaba la iglesia de Santiago, y coherentemente con el gradiente y
priorización marcada en el informe técnico, en junio de 2006 se propuso la
declaración de emergencia de las obras necesarias e indispensables para
garantizar la estabilidad estructural del inmueble". Dichas obras
consistían principalmente "en el apeo y consolidación de la capilla
bautismal, de los pilares 2, 3, 4 y 7, apeo y consolidación de las bóvedas de
la nave central y laterales próximas al pilar 6, y la consolidación del
esquinazo izquierdo de la fachada principal", subrayan.
La Administración autonómica
recalca así que "las obras de emergencia, único y exclusivo compromiso de
la Consejería de Cultura, se iniciaron en octubre de 2006, bajo la dirección
del arquitecto Emilio Llanes Bustamente y estuvieron a cargo de la empresa
Cimtra, con un presupuesto total de 2.404.854 euros, que fue asumido
íntegramente por la Junta". Dichas obras, "ejecutadas prácticamente
en su totalidad, están paralizadas desde diciembre de 2009, tras la declaración
de convalidación de acreedores de la empresa constructora y el abandono de las
mismas por la entidad. Esos problemas de la empresa adjudicataria,
completamente ajenos a la voluntad de esta Consejería, han sido el motivo por
el que se ha retraso notablemente la finalización de las obras contratadas, que
inicialmente se estimaba para el año 2010".
Ante estas complicaciones, desde
la Junta explican que, en aplicación de la legalidad vigente, desde la
Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas "se
espera cerrar los trámites de resolución del contrato de las actuaciones en muy
pocas semanas, practicar la liquidación de las obras conforme a la resolución,
y disponer la incautación de la fianza definitiva presentada".
Aun así, destacan que "es
preciso resaltar y poner de manifiesto que, hasta el momento actual, la Junta
de Andalucía ha sido la única institución que ha venido asumiendo en solitario
la rehabilitación y recuperación de la iglesia de Santiago de Jerez y que, con
su actuación, se ha evitado la pérdida irreparable de un bien patrimonial de
primera magnitud. La inversión pública total realizada hasta el día de la fecha
en el templo asciende a 2.695.924 euros". No obstante, reconoce que
"para la reapertura de la iglesia al culto aún serán precisas determinadas
actuaciones que exceden el compromiso asumido por la Junta en 2006 y que
deberán ser afrontadas por los propietarios del inmueble". En este
sentido, la Junta añade que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
establece que "las personas propietarias, titulares de derechos o simples
poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o
no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores". Además, señalan
que en dicha ley también se especifica que "corresponde a los municipios
la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término
municipal (...), así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos".
Aun así, la Consejería de Cultura
asegura que "en la medida de sus posibilidades, estará dispuesta a
colaborar con los propietarios de la iglesia (Obispado de Jerez) y cuantas
instituciones o entidades deseen colaborar en la preservación de este
importante ejemplo del patrimonio arquitectónico andaluz".